En su discurso de incorporación a la Academia Nacional de Historia de Venezuela en 1960, el politólogo y escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1990, ponía de relieve la simplificación de la historia nacional. Señalaba que la atención reconcentrada en los grandes hechos de la lucha por la Independencia reducían prácticamente a la insignificancia los tres siglos previos de existencia colonial, la herencia anterior a éstos, así como el siglo y medio posterior de vida en el que Venezuela se había consolidado como Estado nacional.
En palabras del nuevo académico, esta perspectiva «ha creado en la mente del venezolano medio, una imagen heroica de la historia y una inclinación a considerar la violencia como la única forma de la acción creadora, a no aspirar sino a las más inalcanzables promesas y a confiar en la llegada mesiánica del héroe sobrehumano que nos las va a deparar convertidas en realidad gratuita». La llamada de atención de Uslar Pietri sobre las posibles graves consecuencias de esta curiosa manera de sentir y narrar la propia historia, casi cuarenta años antes de los excesos de la actual revolución bolivariana era tanto más significativa cuanto que provenía de un admirador de la figura del Libertador.
La veneración por Bolívar fue instaurada por el presidente Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX y ha venido siendo un fenómeno generalizado desde entonces. Entre las pocas excepciones cabe citar al historiador Luis Castro Leiva, uno de los primeros autores venezolanos en fustigar el culto acrítico del Libertador, quien además consideraba que Bolívar había sido el fundador del militarismo, del personalismo y del providencialismo voluntarista en Latinoamérica.
Hasta 1958, año en que fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez, Venezuela vivió su periodo de consolidación del Estado nacional con el establecimiento de los sucesivos gobiernos representativos, que se vieron constantemente amenazados por insurrecciones militares, algunas de ellas exitosas. De 1958 a 1992, etapa conocida como la IV República, el país vive su fase de mayor apertura democrática. Se inicia con la firma, en 1958, del llamado Pacto de Punto Fijo, acordado entre los partidos políticos COPEI (de perfil democristiano cuyas siglas corresponden a Comité de Organización Política Electoral Independiente), el socialdemócrata AD (Acción Democrática) y URD (Unión Republicana Democrática, de centro-derecha y doctrina liberal). El objetivo del pacto, cuyos firmantes se habían reunido en la residencia de Caldera en Caracas, de nombre Punto Fijo, era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia, mediante la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador. La marginación del Partido Comunista de Venezuela (PCV), uno de los principales partidos que luchó contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y que quedó fuera del pacto, entre otras razones, por la dinámica de la guerra fría junto a la progresiva pérdida de influencia en el sistema de URD creó, en la práctica, un bipartidismo entre AD y COPEI. «Legalmente» sólo duró hasta el primer gobierno de Rafael Caldera, quien no integró a ningún ministro que no fuera del COPEI o independiente, si bien en la práctica el bipartidismo se mantuvo hasta 1999, cuando accedió a la presidencia Hugo Chávez, y que significó el fin real del llamado sistema puntofijista.
La IV República, fue perdiendo credibilidad para un importante sector de la sociedad venezolana. La falta de previsión y la prodigalidad han caracterizado, en mayor o menor medida, las políticas de no pocos gobiernos de la IV República ante las expectativas y posibilidades que ofrecía la riqueza petrolera.
La industria petrolera en Venezuela, que había experimentado el primer desarrollo a gran escala durante la década de los años veinte del siglo pasado, ha sido motivo de grandes esperanzas y enormes decepciones. Ya en una fecha tan temprana como 1936, Uslar Pietri lanzaba su famosa consigna de «sembrar el petróleo». Con ello llamaba a desarrollar una economía productiva y renovable que pudiera crecer y progresar con el país, en lugar de disminuir, y para ello aprovechar la riqueza transitoria de las actividades petroleras.
Ocurrió lo contrario. El petróleo muy pronto llevó al aumento desmesurado del poder económico, social y político del Estado y a la inestabilidad de las instituciones políticas y jurídicas. Este fenómeno, que se acentuó a lo largo del siglo XX originando lo que se ha venido a llamar el petro-Estado, ha sido caracterizado por el escritor venezolano Ibsen Martínez de esta forma: «El petróleo de nuestro subsuelo nunca ha sido ni de los ricos ni de los pobres, sino tan sólo del Estado; esto es: del Gobierno».
Los gobiernos de turno —de ambos partidos— dispusieron de una forma cada vez más arbitraria y clientelar de los ingentes recursos que provenían del petróleo. Sin embargo, la corrupción y el despilfarro alcanzaron niveles nunca vistos en Venezuela durante la primera presidencia del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979) iniciada poco después de la guerra del Yom Kippur de octubre de 1973. A raíz de la guerra, en el marco del conflicto árabe-israelí, el precio promedio del barril de crudo en el mercado internacional se triplicó y el Estado venezolano se encontró en sus manos, prácticamente de la noche a la mañana, con un colosal capital en divisas de exportación. La prosperidad consumista, un optimismo desaforado y el populismo con tintes caudillistas del presidente le llevaron a lanzar un programa faraónico de obras públicas y de adquisición de equipamientos industriales de muy discutible utilidad real. Estos gastos junto a créditos y ayudas concedidos a países vecinos del Caribe, América Central y el área andina llevaron a una política dilapidadora sin precedentes.
La economía venezolana cayó paulatinamente a partir de la nacionalización de la industria petrolera en 1976. Las políticas económicas de los gobiernos del cristianodemócrata Luis Herrera Campíns (1979-1984) y del socialdemócrata Jaime Lusinchi (1984-1989) no lograron frenar las espirales inflacionarias a la vez que continuaba la corrupción administrativa y proliferaban los mercados negros de divisas y bienes. La general falta de confianza incrementó la desinversión privada y generó una gradual escasez.
Así pues, el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) comenzó en un contexto radicalmente distinto al primero. Un panorama hostil de inflación y deuda había sustituido a la euforia de 1974. Un draconiano programa de ajustes macroeconómicos generó un reajuste muy brusco para las personas de menores ingresos lo que provocó el violento «caracazo». En febrero de 1989 una ola de enfrentamientos, motines y saqueos se desató en la ciudad de Caracas extendiéndose a otras ciudades. Las protestas, al principio pacíficas, se tornaron violentas ante el descontrol y la ineficacia de un gobierno desbordado que respondió con extremada dureza. Cientos de muertos, escasez de alimentos, allanamientos y la persecución de personas inocentes fueron la consecuencia que se tradujo en una gran inestabilidad política desembocando en los dos intentos de golpe de estado de 1992 —el primero en febrero encabezado por el hoy presidente Hugo Chávez— y la destitución en 1993 de Carlos Andrés Pérez por el Congreso cinco meses antes de expirar su mandato.
Tras un breve periodo de interinidad constitucional, los siguientes comicios fueron ganados por el ex presidente Rafael Caldera, quien, habiendo decidido romper con el COPEI, se presentó como candidato de la coalición Convergencia Nacional (CN), una formación aglutinadora de un amplio espectro de partidos.
En 1946 Caldera había fundado el COPEI, también conocido como Partido Social Cristiano, y al que concibió como una opción moderada pero progresista a los partidos de izquierda. Con un programa basado en los principios demócrata cristianos y el reformismo social y tomando como referencia las exitosas experiencias de Alcide De Gasperi en Italia y Konrad Adenauer en Alemania Occidental, Caldera fue el pionero en la introducción de la democracia cristiana en Latinoamérica.
Caldera accedió a la presidencia después de su cuarto intento sucediendo a los presidentes socialdemócratas Rómulo Betancourt (1945- 1948 y 1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969), ambos miembros fundadores de Acción Democrática. Durante su primer mandato (1969-1974) Caldera, estadista conservador cuyo pragmatismo ideológico promovió un clima de pacificación en Venezuela y de entendimiento y distensión en el hemisferio, introdujo además una política de reformas desarrollistas tendente a superar la exclusiva dependencia del petróleo.
Parte del relativo éxito de Caldera durante su segundo mandato —en un contexto de excepcional crisis económica y social agudizado por la turbulenta administración de Carlos Andrés Pérez— confluyeron su proyección de padre de la patria, su imagen de hombre conciliador y el hastío del electorado frente a AD y COPEI, que habían monopolizado el poder desde 1959.
En agosto de 1998 las perturbaciones financieras y bursátiles en Latinoamérica, más la repentina caída de los precios del petróleo tras dos años de alzas, arruinaron la expectativa de una recuperación. La mala coyuntura externa también influyó negativamente en la estrategia del equipo de Caldera de abrir al capital internacional la compañía estatal de petróleos PDVSA, a fin de repartir costes y abrir nuevas explotaciones. Caldera era muy consciente de que la economía venezolana seguía atrapada en el ciclo del petróleo, circunstancia que ya había intentado flexibilizar en su primera presidencia.
En opinión de los analistas, el segundo mandato de Caldera concluyó con un balance de luces y de sombras, destacando en el lado positivo el mérito de haber llevado una durísima política de ajuste manteniendo la gobernabilidad, respetando las instituciones democráticas y asegurando una relativa paz social. En el aspecto negativo, a pesar de los esfuerzos, el continuado aumento de los índices de pobreza debido a los bajos salarios, la falta de políticas sociales y la creciente desigualdad en la distribución del ingreso.
La indulgencia de Caldera con Chávez fue máxima, permitiendo su excarcelación en marzo de 1994 al sobreseer su caso a cambio de su baja en el Ejército, con lo que recibía vía libre para desarrollar todo su activismo político en el ámbito crudo más prolongado en toda civil y desde la más rigurosa legalidad. Quizá habría que preguntarse si no hubiera sido razonable y adecuado, a pesar del indulto, mantener restringido su derecho de sufragio pasivo (derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales y a ser elegidos). Esta restricción como pena accesoria a una resolución judicial es un supuesto contemplado en distintas legislaciones y en modo alguno descartable en el caso de un militar golpista.
CUANDO CHÁVEZ LLEGÓ AL PODER
En el poco tiempo que permaneció en prisión, Chávez suscribió un manifiesto titulado Cómo salir del laberinto. Formulación del Proyecto Político Bolivariano Simón Bolívar, un vaporoso texto con tópicos regeneracionistas y propuestas corporativistas de reorganización política y social. Chávez se dedicó de inmediato a contactar con antiguos camaradas y con políticos profesionales de trayectoria izquierdista que simpatizaban con el bolivarianismo. El objetivo fundamental: formar un frente político para derrocar (esta vez no por la vía insurreccional, sino usando los instrumentos democráticos) a la vieja clase partidista, que el común de los venezolanos identificaba con los abusos cleptocráticos y los despilfarros. De este proceso surgió el Movimiento Quinta República (MVR), que recogía y actualizaba su programa de cambios radicales.
Chávez se presentó bien arropado por un Polo Patriótico en el que además del MVR estaban el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y otros partidos menores. El lenguajecolorista y el estilo directo de Chávez y su puesta en escena, presentándose como un hombre del pueblo, caló hondo en las masas populares esperanzadas con un cambio a mejor. El carismático ex militar consiguió una arrolladora victoria electoral con el 56,2% de los votos en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 siendo investido presidente dos meses más tarde.
En diciembre de 1999 los venezolanos aprueban abrumadoramente en referéndum la nueva Constitución bolivariana, que sustituye a la Carta Magna de 1961. Al año siguiente Chávez gana los comicios presidenciales convocados bajo el nuevo marco constitucional con el 59% de los votos. Los chavistas controlan la Asamblea Nacional, las regiones y los municipios.
A finales de 2001, Chávez aprueba por decreto 49 leyes económicas, lo que provoca el rechazo en amplios sectores sociales. La patronal venezolana Fedecámaras convoca una huelga general —a la que seguirán otras—, secundada por sindicatos, profesionales y sectores industriales y agrícolas, que paraliza Venezuela en un 90%. A ésta seguirán otras huelgas generales. Poco después Caracas es escenario de dos multitudinarias manifestaciones de signo contrario, una de la oposición contra Chávez, y otra a su favor.
En abril de 2002 una protesta pacífica contra Chávez finaliza de forma sangrienta cuando los miles de concentrados deciden acudir al palacio de Miraflores (sede del Gobierno de Venezuela) a pedir la renuncia del presidente. Al día siguiente, Chávez se entrega a altos mandos militares en el palacio de Miraflores. El presidente de Fedecámaras Pedro Carmona anuncia que asumirá la presidencia de Venezuela al frente de un gobierno de transición cívico-militar que adoptará medidas inmediatas ejecutivas. 48 horas después del golpe cívico-castrense las Fuerzas Armadas retiran su apoyo a Carmona. Chávez regresa al palacio de Miraflores para asumir de nuevo el cargo.
En agosto de 2004, y tras largas vicisitudes de la oposición partidista, sindical y patronal reunida en la Coordinadora Democrática para reunir el número de firmas exigidas, se celebró el referéndum revocatorio para forzar la salida de Chávez del poder, un mecanismo introducido por el propio Chávez en la Constitución de 2000. El presidente logró una holgada victoria, la octava en las urnas en menos de seis años. Ganaría también las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 que renovaron su mandato hasta finales de 2012.
No obstante, el buen funcionamiento de la democracia va más allá de la celebración de elecciones, referendos y plebiscitos. En su libro El futuro de la libertad el analista Fareed Zakaria, director de la edición internacional de Newsweek ha señalado la diferencia entre democracia a secas, o sea, la celebración de elecciones y el liberalismo constitucional: el conjunto de condiciones que limitan el poder e incluyen el imperio de la ley, la división de poderes y las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Desde los distintos registros ideológicos del país se denuncia la falta de libertad en Venezuela y la deriva autocrática de su mandatario: las reiteradas violaciones a la legalidad constitucional, una corrupción rampante, la creciente politización de las Fuerzas Armadas, los intentos de copar el sistema educativo y la ostensible hegemonía comunicacional (que incluye uno de los principales canales de televisión privada) para favorecer la obsesión mediática del presidente.
En la política exterior, es conocida la amistad de Chávez con regímenes dictatoriales como los de Cuba, Irán o Bielorrusia, pero realmente preocupante es la creciente intervención en los asuntos internos de otros estados, la confrontación en las relaciones diplomáticos (el último episodio, la expulsión del embajador norteamericano) y la carrera armamentista que desequilibra el balance regional, las maniobras militares en el Caribe como las realizadas conjuntamente con Rusia.
Las políticas sociales del régimen, y como ya ha venido ocurriendo durante demasiado tiempo, nuevamente se limitan a repartir dinero con criterio clientelar y de forma ineficiente. Lo peor de todo es que problemas como el desabastecimiento y la pobreza continúan y en ocasiones se agravan en un momento en que Venezuela —quinto exportador de crudo del mundo y que ha recibido en los últimos nueve años ingresos petroleros superiores a los 270. 000 millones de euros— atraviesa el boom global de precios del crudo más prolongado en toda la historia de la industria petrolera.
Tras nueve años de revolución bolivariana el chavismo sufrió su primera derrota en diciembre pasado cuando perdió, por un escaso margen, el referéndum constitucional. Con la reforma constitucional —en realidad un paso a la dictadura— el presidente pretendía investirse de poderes casi absolutos de duración indefinida. Aunque el resultado de la consulta no parece haber revitalizado a la fragmentada e inoperante oposición ni haya cambiado de modo significativo el día a día de Venezuela, hay que notar la emergencia de un poder estudiantil que ha tomado la iniciativa relegando a un discreto segundo plano a los políticos de oposición.
Los comicios regionales celebrados a finales del pasado mes de noviembre han supuesto un segundo contratiempo importante en los deseos de soberanía de Hugo Chávez porque las principales ciudades del país, incluida la capital, Caracas, le han dado la espalda. A pesar de alzarse con más de dos tercios de las regiones, perdió los centros urbanos
más importantes de Venezuela.
La elección directa de los gobernadores y los alcaldes fue una conquista de la provincia. La descentralización política y administrativa —sin fomentar separatismos ni crear innecesarias duplicidades— es un paso ineludible para una administración eficaz y transparente que funcione en el nivel práctico más próximo al ciudadano. En Venezuela, además, los estados no productores de petróleo deben impulsar la tan necesaria diversificación de la economía creando alternativas a la economía «no tradicional» (petróleo, siderurgia, aluminio).
Las resultados de las elecciones regionales son una señal de que la oposición está preparada para gobernar la nación. Es necesaria la sensatez y responsabilidad de los partidos democráticos para ganarse de nuevo la confianza de una sociedad civil que dejando atrás su apatía ha empezado a organizarse. Una sociedad que ha sido defraudada demasiadas veces.
