Se han aprobado unos presupuestos generales austeros y nadie duda de la autoridad del Gobierno para hacerlos cumplir. Al mismo tiempo resulta que los «colectivos» sociales, que según los «profetas negros» de la izquierda iban a ser las víctimas de la vuelta a la indispensable ortodoxia financiera (los pensionistas y los obreros agrícolas del sur), no han visto empeorada su situación, sino decorosamente aliviada. Se ha avanzado en algunas de las cuestiones que en junio mencionábamos entre los deberes inmediatos del Gobierno. Han bajado los tipos de interés y se está movilizando el ahorro nacional, como demuestra la bolsa y se confirmará con las primeras grandes privatizaciones; acaba de anunciarse una reducción de las retenciones del IRPF, que facilitarán la tesorería particular de mucha gente, sin tener que esperar a las devoluciones de la renta en el 98. Hay un clima de diálogo que puede enderezar graves problemas educativos, derivados de las improvisaciones que siguieron a la LOGSE y que amenazaban -y amenazan todavía con rebajar los niveles de enseñanza a profundidades tercermundistas. Se ha enunciado como programa de gobierno el cumplimiento de los «Acuerdos» del Estado con la Santa Sede, lo cual puede abrir un cauce satisfactorio y respetuoso con las libertades ciudadanas para la enseñanza de la religión en las escuelas y las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia; se han mantenido algunas posiciones de firmeza ante la «política agraria común» de la Unión Europea; se puede contar por fin con una gestión de la sanidad pública que acorte las esperas de los enfermos, compatible, además, con una mejor administración de los recursos; se han establecido acuerdos razonables en las transferencias a las Comunidades Autónomas, que no parece vayan a verse perturbados seriamente por la oposición de los ejecutivos regionales socialistas, etc., etc. Por si fuera poco, hasta ha llovido, y en algunos lugares demasiado. Pero ni el agua es mérito del Gobierno, ni el exceso culpa suya, aunque no faltará quien le atribuya una cosa u otra (ya en tiempos de la UCD, un año parecido a éste, cuando se desbordó algún río, el inolvidable Joaquín Garrigues Walker se sintió obligado a publicar su Piove…, porco governo!, cuyo título tomado del quejumbrismo nacional italiano todavía recuerda mucha gente).
En el orden exterior, ha proseguido la mejoría de la colaboración francesa frente al terrorismo; han encontrado una buena acogida en los circuitos europeos los representantes de Aznar y el propio Presidente; pese a las declaraciones de algunos neofundamentalistas del «euro», nuestra economía, ciertamente más modesta que las del norte del continente, es tomada en serio por los bancos centrales y la mayor parte de la Comisión de Bruselas.
Todo eso no significa que el Gobierno del PP se encuentre ante un horizonte despejado, sin problemas y riesgos, en algunos casos graves. El mayor de todos es el del terrorismo de ETA, que se ha convertido en un mal crónico desde sus primeros estallidos a fines de los sesenta y se manifiesta en acciones criminales y desórdenes públicos en ciertas ciudades, como está en la mente de todos. Ahí el Gobierno necesita proceder con firmeza y prudencia, asegurando las colaboraciones políticas, policiales y ciudadanas y propiciando la merma del apoyo político y social que, por fanatismo o resentimiento o por desinformación y miedo, prestan de hecho a las organizaciones terroristas unos miles de ciudadanos en el País Vasco.
El otro gran problema de urgencia es el desempleo, que guarda estrecha relación con la buena marcha de la economía y con una política valiente que no mantenga la penalización de las inversiones en puestos de trabajo. Con todo, a más largo plazo, el paro tiene mucho que ver con la educación y con la necesidad de que los jóvenes se preparen para áreas en las que se pueda trabajar.
Frente a lo que no pocos ciudadanos creen, el Gobierno no tiene nada o casi nada que hacer en los procedimientos judiciales pendientes y en los casos de corrupción que se han descubierto o asoman cada día. Son cuestiones del pasado, por reciente que sea, y pertenecen al ámbito de competencia de los jueces que, a semejanza de los historiadores, se ocupan de lo que pasó, no del presente y del futuro, pues éstos son los escenarios en los que se mueven los gobiernos. La experiencia seguramente aconsejará reformas penales y procesales o de tipo judicial, que sería deseable que promoviera el Gobierno y acordara el parlamento. Pero los procesos que actualmente se tramitan han de resolvese conforme a la legislación vigente y con la estructura judicial que hay.
Los medios de comunicación y la opinión pública se ven con frecuencia agitados por otras cuestiones que, por su propia naturaleza, son efímeras; tal es el caso de los azares que han envuelto a los proyectos de la famosa plataforma digital, que muy poca gente sabe lo que es y menos para qué ha de servir (a la vez que nadie intenta enterarse de lo que ocurre en este sector en otros países más adelantados y ricos que el nuestro). Entre los errores que suelen cometerse desde los gobiernos, se cuentan el de pregonar lo que se va a hacer como si ya se hubiera hecho o el de presentar como grandes logros políticos tecnicidades transitorias como las que va trayendo casi cada día la imparable digitalización que nos aguarda.
Aparecen, sin embargo, indicios de que el Gobierno Aznar no «arrastra» y que pierde apoyos llamados a tener repercusiones electorales. Debe ser cierto cuando convergen en esa información diversos sondeos de ámbito nacional. Yo pienso que parte de la ciudadanía que votó al Partido Popular se ilusionaba con que se encaramara en el poder esgrimiendo el as de bastos. Pero eso no lo hará nunca ningún gobierno verdaderamente nacional y responsable. Con el respaldo de la mayoría obtenida no en las urnas, sino en los acuerdos parlamentarios de la pasada primavera, los ministros del PP tienen que gobernar no para su gente sino para todo el país. Es algo que no se hizo en los regímenes anteriores de España y en lo que incurrieron, especialmente en sus primeros años, los socialistas. En ocasiones solemnes se dijo la «república para los republicanos» o «la patria es de los vencedores», porque los vencidos eran la antipatria y, los no republicanos, españoles de segunda.
España está relativamente sosegada, pero la sociedad española no ha acabado todavía de hacerse cargo de sí misma. No se superan en pocos lustros inercias de decenios. Hubo un momento en que reinó cierto afán colectivo de alcanzar la democracia, o de «entrar en Europa», o de alcanzar y distribuir el bienestar. En los últimos años parece que se echa en falta en los gobiernos, en las instituciones y en la sociedad lo que los franceses llaman «élan» y nosotros podríamos traducir por «inspiración» o «iniciativa», o por una expresión más castiza, «ganas». Es el reto de los políticos de esta etapa de la normalidad postransicional.
A poco que el Gobierno Aznar y el Partido Popular acometan la empresa de recuperar esas «ganas», España tendrá -como no pocos observadores políticos de cierta experiencia llevamos ocho meses anunciando- «situación Aznar» hasta el 2003, y aún será posible una prórroga.
