Desde la antigüedad, sabemos que educar consiste en construir al hombre, en darle forma a lo humano. No es otra cosa lo que hacen las diversas estancias educativas: la familia, la escuela, la «ciudad». Cada individuo tiene la misión de acabar de darse forma a lo largo de su vida pues, dicho en términos kantianos, «quien es hombre es educador de sí mismo». Por otra parte, cada día se refuerza más el sentido de la educación como un proceso permanente. El hombre es un proyecto siempre inacabado y ésa es la razón por la cual la persona y la sociedad han de elaborar programas de educación permanente. Desde este planteamiento, hemos de preguntarnos si la escuela actual (entendida en toda su extensión, desde la educación infantil hasta la universitaria) responde a las exigencias derivadas de la construcción del hombre de las próximas generaciones. Todo parece indicar que, a la vista del funcionamiento del sistema educativo, resulta necesario reconstruir la escuela para lograr las dos finalidades integrales de la educación: la educación personal y la educación política. Aunque están íntimamente unidas, examinaremos estas dos cuestiones por separado.
Comencemos por la última. El sentido de la educación «política», en toda época y más aún en la actual, ha de orientarse hacia el desarrollo de la competencia humana para lograr una adecuada participación en los asuntos públicos y comunitarios. Ahora bien, ese desarrollo exige que la relación entre escuela y sociedad esté presidida por una concepción comunitaria de la sociedad. El aprendizaje de valores necesarios como la identidad, la seguridad, la solidaridad y la supervivencia, tanto individuales como colectivos, no se puede dejar únicamente al albur de la socialización primaria, ni la actividad escolar, ni mucho menos a los dictados en manos únicamente del Estado. Es menester, desde luego, reconocer el papel de la sociedad en la participación y en la regulación de la acción educativa, pero ésa es una «sociedad civil» que, siendo el origen del Estado, no ha de confundirse en modo alguno con él.
Mucho es lo que esta sociedad civil ha hecho por la educación. La afirmación del papel de la sociedad civil en relación con la extensión del concepto de educación y de la aplicación de la educación como»educación de calidad para todos» asegura una efectiva participación del ciudadano en la construcción de la comunidad. La inclusión de la educación dentro del pacto social supuso un formidable avance social, como lo ha sido la progresiva ampliación de los límites de la escolaridad obligatoria. Ahora bien, en nuestro tiempo se han alcanzado unas cotas de participación en la educación que son difícilmente superables. En España, la escolaridad es prácticamente universal desde los tres años y es obligatoria entre los seis y los dieciséis. Por otra parte, estamos a la cabeza de Europa en cuanto a la proporción de alumnos que reciben enseñanza universitaria.
Aunque no debamos, por ello, renunciar a superar estas cotas de participación, habremos de reconocer, al menos, un par de cosas. En primer lugar, que no es la escuela la que educa para la vida, sino que quien educa es el conjunto de la vida. Por otra parte, «una genuina «sociedad educadora» significa mucho más que una sociedad con buenas escuelas», de tal modo que la deseada construcción de «la ciudad» a partir de la construcción de la ciudadanía como ciudad comunitaria requiere el esfuerzo conjugado de todos; del Estado, de la sociedad civil y de una escuela que represente tanto al primero como a la segunda.
En la actualidad, existen algo más que indicios respecto a la crisis del Estado del bienestar. Esto también afecta a la educación. En efecto, según la perspectiva y el nivel del análisis adoptados en relación con el estado de la educación, podremos certificar las correspondientes situaciones de bienestar, de moderado bienestar o de posible malestar. Veámoslo un momento, aunque sea superficialmente. Si atendemos a la cota de la «escolarización» -ya lo hemos visto- la situación está en los límites de lo óptimo; el contrato social se cumple a satisfacción de las partes. Otra cosa ocurre cuando examinamos la eficacia del sistema educativo: el nivel del fracaso escolar ha alcanzado unas cotas alarmantes, tanto en la escolaridad obligatoria, como en la post-obligatoria (incluida la universitaria). Pero es necesario examinar la calidad de la educación en relación con la calidad de la persona que estamos formando. Esto nos lleva a la segunda cuestión propuesta, a saber, la medida en la que se está logrando la finalidad de la formación personal a través de la educación.
No resulta fácil lograr un diagnóstico real de nuestra educación en sus diferentes niveles, desde la educación obligatoria hasta la universitaria. Por otra parte, la situación no es la misma según los diversos contextos culturales y sociales de cada institución educativa. La calidad de los diversos proyectos educativos, la de sus profesores, la cualidad e intensidad de la participación de los padres, de los alumnos y del mundo cultural y productivo en el proyecto y en proceso educativo son variables significativas de un diagnóstico diferencial. Ahora bien, si es lícito arriesgar una hipótesis (basada en creencias comúnmente extendidas), podríamos estipular que nuestro sistema educativo padece de un cierto y vago malestar que lleva camino de convertirse en un malestar cierto.
Sus expresiones (quizá no sus visibles manifestaciones) más notables son, o pueden ser, dos: la «trivialización» de la educación y la pérdida del valor formativo del contenido del currículo (dentro de lo que se ha llamado «la muerte de lo duradero y permanente»), del valor de aquello que el sujeto ha de aprender. Alguna razón se puede argüir, aunque sea apresuradamente. Los planes de estudio se han cargado con un conjunto de contenidos frecuentemente desarticulados e irrelevantes que los alumnos han de cursar, o de entre los cuales se supone que han de elegir. Atendamos al mensaje implícito que esta armazón curricular parece transmitirnos: ese alumno podrá elegir igualmente en su vida adulta. ¿Podrá, de verdad, elegir entre ocio y trabajo? ¿podrá determinar por sí mismo la calidad y su nivel de participación social en los bienes culturales y materiales? ¿podrá decidir si está dentro del mundo del Estado del bienestar o si pertenecerá a ese cuarto mundo, a l»no-mundo» de la pobreza? ¿podrá resolver por sí solo lo que está bien y mal hecho? ¿podrá, acaso, «hacer» su vida sin esfuerzo? ¿tendrá que acatar algunas normas básicas de la convivencia social y comunitaria?
Si atendemos a la tensión entre aprender y razonar, y razonar dialógica y éticamente, la educación parece tender más a lograr el aprendizaje que la formación que permite alcanzar esas cotas de excelencia humana del saber vivir y convivir. Otras tensiones han sido señaladas por los especialistas que miran al futuro del hombre que decimos estar formando: «¿repetir o razonar?»,»¿informar o formar?», «¿humanismo o tecnología?». Estos dilemas quizá deban resolverse en términos asimismo dialógicos que reconozcan y proclamen el papel de la memoria en el desarrollo de la razón, el potencial formativo que todo contenido informativo del currículo ha de poseer, así como la necesaria fundamentación humana y humanística de ese ciudadano y profesional que ha de operar con la técnica y decidir sobre su uso humano y humanizador.
Estos problemas no son solo de índole técnica, asuntos como para dejar en manos de profesionales. Lo que se pone en juego es mucho más grave: la deficiencia, ya que no la pérdida, en la construcción del alumno como persona. El alumno no se construye como sujeto de la educación cuando elige entre lo trivial, cuando soporta sobre sus espaldas el enorme peso de un montón de conocimiento irrelevante y mal articulado, cuando da la espalda a los valores y significados culturales acumulados en la memoria colectiva, no solo de cada pueblo, sino de toda la humanidad.
Seis años después de proclamarse la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, trece de la Ley de Reforma Educativa y dieciocho de la Constitución, poseemos ya una buena base para definir el alcance de un pacto de Estado en materia de educación elaborado desde la nueva situación política y cultural, que mire a la nueva construcción del hombre, a la reconstrucción de la escuela, a la nueva configuración de la vida pública y política del siglo venidero.
