| Y AHORA QUÉ Cuestiones de gobierno, cuestiones de Estado: cuestiones pendientes |
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por
Antonio Fontán.
Las encuestas y sondeos de opinión que ofrecen los diversos medios de comunicación y las firmas especializadas suelen coincidir en que los dos asuntos o problemas que más preocupan actualmente a los españoles son el terrorismo y la inmigración. El primero es quizá la gran cuestión del momento, agravada en amplios sectores de la sociedad por la frustración que ha generado el atentado del 30 de diciembre en un lugar tan sensible como el principal aeropuerto de la nación. Las ilusiones que la mal llamada tregua y el anunciado «proceso de paz» del Gobierno habían despertado en ciertos lugares políticos se han desvanecido y parecen ser de imposible recuperación. La convicción de que lo que ha fracasado es toda una estrategia que conduciría a una superación del terrorismo, se ha extendido entre la ciudadanía como una mancha de aceite. Y no se ve que desde las alturas del poder se enuncie otra. Es posible que la desmoralización ciudadana, si no se producen cambios de orientación o sucesos inesperados —y pronto—, dure unos meses y no deje de tener consecuencias en las elecciones de mayo, alterando lo que parecía previsible o dando lugar a un aumento de la abstención. Respecto de la inmigración no se sabe qué proyectos solventes han elaborado las agencias especializadas —si es que existen—, ni cuáles son los planes del Gobierno. Pero todo el mundo cree que continuarán llegando hombres y mujeres de los países hispanoamericanos, de África y de la Europa del centro o del este, y nadie está seguro de que los poderes públicos, es decir el Gobierno y el parlamento, tengan a punto una doctrina y unos instrumentos jurídicos que amparando la libertad y los derechos humanos de quienes buscan a toda costa, y con peligro de sus vidas, escapar de la miseria, defiendan los intereses nacionales de España, sin engañar a nadie. Ambas cuestiones son de esas que los estudiosos de la política llaman «cuestiones de Estado», a diferencia de otros asuntos que se conocen con el nombre de «cuestiones de gobierno». Son responsabilidad del «legislativo» más que del «ejecutivo», porque para resolverlas suelen hacer falta acuerdos que van más allá de las temporales mayorías parlamentarias, sobre todo si son cortas o políticamente caras como ocurre ahora en España. En relación con estas «cuestiones de Estado» no es preciso que se alcance un «consenso», de esos que son casi indispensables en periodos constituyentes como el de la transición española, pero hacen falta unos mínimos acuerdos básicos entre las formaciones políticas con vocación y posibilidad de encabezar gobiernos en los próximos tiempos. Y en los primeros años, o en los primeros lustros, del siglo XXI no parece que pueda haber aquí más que dos partidos que se encuentren en esa situación, los populares y los socialistas. Eso no es una singularidad española. Es lo que ocurre en las democracias desarrolladas: en los países anglosajones, en Alemania, en Francia, en el Japón o la India, y en las numerosas naciones europeas y suramericanas donde unas coaliciones claras y distintas, o un partido y una coalición, desempeñan esos papeles. Es lo que, a la hora de la verdad, ocurre también en Italia, en los países escandinavos y en algunas de las nuevas democracias de lo que fue la Europa de los comunistas. En España, actualmente, los socialistas, con sus aliados nacionalistas o regionalistas y los satélites de Izquierda Unida, encabezan el gobierno de la nación en cuatro de las diecisiete comunidades autónomas, a las que hay que añadir las tres en que tienen mayoría absoluta. Pero en la mayor parte de las primeras los populares son el partido más votado en los últimos comicios. (El PSOE manda también en Cantabria, aunque para ello haya tenido que ceder la presidencia a un regionalista). Los populares, que son oposición en el Congreso y ocupan más escaños que el PSOE en el Senado, gobiernan con mayoría siete comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y son el partido más votado en la mitad de las que presiden los socialistas. Los ayuntamientos de las mayores localidades también se reparten entre los dos partidos. Por ejemplo, en Andalucía, donde gobierna el PSOE, casi todas las capitales de provincia tienen alcalde del PP. Ninguno de los dos partidos puede abordar con sentido de la responsabilidad nacional las «cuestiones de Estado» por su cuenta sin la conformidad o la aceptación del otro. Es lo que se hizo con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y, en legislaturas anteriores, al aprobar leyes de desarrollo constitucional y de implantación y régimen de la organización autonómica. Pero hay otros asuntos que en algunas de las principales democracias serían considerados «cuestiones de gobierno» que en el momento presente de la vida española, tal como están siendo planteados por el propio presidente, los ministros o su partido, son de tanta trascendencia como las dos grandes «cuestiones de Estado» que acabo de mencionar. Se diría que en relación con ellos lo que desde el gobierno actual se pretende no es regir España, sino cambiarla. No continuar su historia sino empezarla de nuevo: la tentación del «adanismo», que dicen los filósofos. O estar a la que salga con tal de seguir. No pocos competentes juristas, historiadores, e intelectuales, periodistas y escritores que comentan y analizan los asuntos públicos del país, y que conocen su sociología y su historia y el espíritu y la letra de la Constitución de 1978, piensan y declaran que hay no pocos proyectos de gestión, e incluso leyes orgánicas, que no se ajustan ni a lo que España ha sido y es, ni a la letra y el espíritu de la tan mencionada e incluso alabada ley principal del Reino de España. La proximidad del anunciado referéndum del nuevo Estatuto de Andalucía, que ha sido convocado para el domingo de carnaval de este año, invita a ciertas consideraciones. Es evidente, por supuesto, que Andalucía no es, ni ha sido nunca, una «realidad nacional». La inmensa mayoría de los millones de andaluces que viven allí y en todo el resto de España tienen a orgullo pertenecer a una de las grandes regiones de España como las dos Castillas, Vieja y Nueva, o Aragón, Galicia, Navarra, Cataluña y el País Vasco; o de haber nacido en la región, a la que en algún momento alguien llamó «Castilla la Novísima», a la que por proximidad geográfica y por desarrollo histórico y cultural se agregaron con los Reyes Católicos los territorios del reino de Granada, sin que bajo la Corona su administración dependiera nunca de la capital de la región que era Sevilla. Pero en el nuevo Estatuto andaluz, elaborado por los socialistas y finalmente aceptado con enmiendas y reservas por el Partido Popular de la región, no faltan, ni en su estructura ni en su letra, las más que discutibles disposiciones que caracterizan a varios de los textos de los «nuevos Estatutos territoriales» del recién empezado milenio. Igual que el catalán, y a imitación de él o en seguimiento suyo, contiene preceptos o enunciados propios de la sección «dogmática» de una constitución estatal. Por ejemplo, las definiciones y otras referencias a derechos de las personas o de instituciones como la familia, a la libertad de enseñanza, o al derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos, a la protección de la vida humana desde su principio natural, etc., para las que bastaría citar, enumerándolas o no, las secciones correspondientes de la Constitución de 1978. Ante algunos de esos extremos han sentido la obligación de mostrar sus reservas los obispos de las dos provincias eclesiásticas de Andalucía en su declaración de Córdoba. Es una tendencia de los redactores de los nuevos Estatutos la insistencia en las particularidades de sus regiones y territorios, con olvido de la solidaridad «entre las nacionalidades y regiones» que integran España, que es el fundamento de la unidad de la nación según se lee en el artículo segundo de la Constitución. Los primeros Estatutos regionales de la actual democracia, al igual que el precedente histórico que fue el de Cataluña de 1932, trataban de ser cuidadosamente respetuosos con los preceptos constitucionales de los que toma su causa la asunción de competencias por las diversas comunidades. Los que ahora se elaboran —y se están aprobando— adolecen de una cierta voracidad administrativa, por ejemplo, en materias de política económica, en el afán intervencionista que se ha apoderado de algunos gobiernos autonómicos al regular los impuestos y actividades comerciales, o al querer gestionar recursos naturales, como el agua que es de todos, etc. Lo cual amenaza con romper la interdependencia y la solidaridad de las entidades territoriales que forman parte de la nación. Por eso es necesario que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado arbitren las leyes y disposiciones armonizadoras de «las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general » (artículo 150.3 de la Constitución de 1978). Poco tiempo hay ya en esta legislatura con los problemas de ahora, las elecciones de mayo, las vacaciones parlamentarias del verano y los debates presupuestarios de final de año, para que se acometa esa, más que conveniente, necesaria tarea. Será un nuevo parlamento con una nueva composición y un nuevo gobierno los que hayan de llevarla a cabo. |
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