Desde el pasado sábado 15 de octubre, la República de Irak, que es un Estado federal, tiene nueva norma constituyente. La constitución no acabará por sí sola con la marea de violencia, inestabilidad socioeconómica y disputas entre sus diferentes etnias, pero su aprobación, junto con el éxito que supusieron las elecciones libres del 30 de enero de 20051, aumenta las posibilidades de instaurar una nueva democracia en el mundo musulmán y con ello de que pueda iniciarse una nueva ola democratizadora. La experiencia nos ha enseñado que la liberalización política de un país puede tener efecto dominó en la región: si en los años ochenta se expandió por América Latina y en los noventa se impuso en el este de Europa, ¿no podría en las primeras décadas del siglo XXI extenderse por el mundo musulmán?
 
Esta utopía «libertadora» y «democratizadora» fue una de las premisas de la Administración americana para intervenir en Irak en marzo de 2003. Con ello se pretendía sentar un ejemplo de democracia en el corazón de Oriente Medio, al que los gobernantes de los Estados vecinos, presionados por ciudadanos que querrían adquirir la riqueza económica y política de la nueva democracia de Irak, no podrían resistirse. Una imparable revolución popular en favor de la democracia que recorrería el mundo musulmán desde Marruecos hasta Indonesia a través de Oriente Medio.
 
La realidad es que la democracia está tan lejos de imponerse en el mundo musulmán como éste lo está de asimilar los parámetros de la democracia. Muchos son los obstáculos, externos e internos, a los que se enfrentan los musulmanes demócratas. Por un lado, el escepticismo en Occidente hacia la compatibilidad entre democracia e islam; por otro, los factores socioeconómicos, la debilidad del Estado y el ansia de poder de los líderes autoritarios que, escondidos tras la máscara de la religión, pretenden impedir la liberalización social de la región. Oriente Medio es el área del mundo con niveles democráticos más bajos; en los últimos años sólo han tenido lugar débiles avances hacia la liberalización política en países como Jordania, Marruecos y Egipto. De la región, en general, podemos afirmar que los requisitos mínimos de una democracia —celebración de elecciones libres y competitivas y constitución de un Estado de derecho— no se han dado.
 
EL MITO DEL PARTICULARISMO
 
Para los europeos, Oriente Medio es diferente al resto del mundo. Los problemas que observamos en América Latina, las antiguas repúblicas soviéticas o el África subsahariana, tales como la pobreza, el sectarismo, el autoritarismo o la corrupción, parecen pertinentes para Oriente Medio sólo de forma secundaria. En esta región tenemos que prestar atención principalmente al islam, a sus mitos y a sus diferentes vertientes; en Oriente Medio, pensamos, «los cánones de racionalidad y juicio comparado no son aplicables».
 
Esta visión distinta y tan particular del Oriente, conocida como «orientalismo », se ha fomentado tanto desde Europa como desde el interior del mundo musulmán. Para los europeos del Medioevo, Oriente proporcionó aquel competidor cultural que necesitaban para definir sus raíces comunes: ese Otro, aludido por Edward Said, sin el cual no hubieran surgido la idea europea y su cultura. Durante los siglos XIX y XX los países de Oriente Medio se convirtieron en ricas colonias y posesiones europeas, fuente de creación de mitos e imágenes que, como Lawrence de Arabia o el Sha de Irán, recrearon en Europa la imagen de una región diferente.
 
Y desde Oriente, en particular desde la península arábiga, también se ha proyectado la idea de que en el mundo árabe los principios y valores occidentales son difícilmente aplicables. La casa de Saud, que disfruta sin límite de las riquezas generadas por el petróleo y envía a sus jóvenes a universidades occidentales mientras retiene todo el poder, pone en marcha madrasas —escuelas islamistas, en ocasiones radicales— y fomenta el wahhabismo —el retorno a la primitiva pureza ancestral, aplicando las leyes islámicas en su estricta autenticidad—3, como medios para proteger la singularidad e impermeabilidad de la región. Llevando al extremo este particularismo, es objetivo de integristas o radicales islamistas aparentar tales diferencias insalvables entre un mundo y otro que la libertad de culto, económica y política características de Occidente, parezca no tener cabida en el mundo árabe. Para ellos, además, no hay peor enemigo que el musulmán que traiciona su fe y fomenta la libertad de culto en su propia casa. Los terroristas de Nueva York, Madrid y Londres que atentaron contra civiles y contra los valores y principios que rigen en Occidente, prometían liberar al mundo musulmán de influencia occidental porque, como explica Gustavo de Arístegui, el terrorismo islamista considera que la democracia formal constituye «uno de los instrumentos más importantes de Occidente para atacar y destruir el islam». Por ello el integrismo islamista promueve la imagen del Oriente diferente: no quieren que se demuestre que la secularización del Estado o la libertad de culto son compatibles con el islam y el mundo árabe.
 
Por el momento los países musulmanes se encuadran entre los más pobres, democráticamente hablando, del mundo entero. A pesar de la multitud de elecciones y refrendos acaecidos en el mundo árabe desde 2004 —en Egipto (elecciones presidenciales en septiembre y previstas al parlamento en noviembre 2005), en Irak (elecciones y referéndum constitucional), y en Irán (presidenciales)— según el 2004 Freedom House Survey5, de los países del norte de África y Oriente Medio sólo Israel puede considerarse libre, mientras que cinco países lo son sólo parcialmente y doce no se consideran libres. Es cierto que la estadística muestra una modesta evolución hacia la liberalización política, especialmente en Marruecos, Jordania, Qatar y Egipto; pero la celebración de elecciones, aun siendo un requisito sine qua non, no basta para constituir una democracia: según el Freedom House Survey, todavía ningún país árabe ha experimentado una significante liberalización de su sistema político.
 
Por estas cuestiones, la apertura política de Turquía y su solicitud de incorporación a la Unión Europea, así como el intento de constituir regímenes democráticos en Irak y Afganistán, han adquirido enorme relevancia. En estos dos últimos países los terroristas islamistas procuran acabar con cualquier intento secularizador, mientras que en Turquía son los europeos los que dudan sobre si el islam podrá adaptarse a los valores occidentales. «Orientalismo», pues, dentro y fuera del mundo árabe, aunque no sean pocos los musulmanes que sí pretenden ampliar el espectro democrático de sus países —y su opinión, aun restringida, tiene su grado de influencia—.
 
No obstante para instaurar un sistema liberal en un país musulmán se requiere mayor dosis de pragmatismo que de ideología. Según la tesis del profesor de Oriente Medio Vali Nasr6, la democracia musulmana no resulta de un concepto cuidadosamente definido desde un punto de visto ideológico y teológico, sino en los logros y prácticas que emergen con las oportunidades electorales: los demócratas musulmanes buscan el voto moderado que la celebración de elecciones debe premiar. De hecho, de una interpretación de las palabras del ayatolá chií iraquí Alí al-Sistani sobre el papel de las mujeres como líderes, puede entenderse que para un musulmán votar es como imitar las virtudes del profeta Mahoma, y que la democracia, en lugar de ser incompatible con el islam, es una parte integral del mismo.
 
Abiertos a interpretaciones, el régimen iraní, opuesto a los miles de jóvenes e intelectuales que dan por fallida la revolución de 1979, considera que la democracia no es una aspiración: la pureza del Corán es el punto de partida desde el que instaurar uno u otro sistema de gobierno. La democracia, en cambio, pretende consagrar un régimen pragmático e igualitario que luego permita diferentes interpretaciones religiosas. La democracia musulmana será la mejor forma de defenderse contra el terrorismo radical, contra el extremismo y la violencia; votar podrá incluso ser entendido como un acto sagrado, comparado a promocionar el islam.
 
SHARIHA Y ESTADO DE DERECHO
 
El pilar de la democracia, tanto musulmana como occidental, es la instauración del Estado de derecho (rule of law), pero en un país musulmán la relación entre el islam y el Estado de derecho es, justamente, una de las cuestiones más complicadas. Como indica el profesor británico de Oriente Medio Fred Halliday, hay cinco posibles interpretaciones de la relación entre el islam y los derechos humanos: asimilación, apropiación, particularismo, confrontación e incompatibilidad. Las dos primeras, explica Halliday, niegan cualquier posible conflicto intrínseco entre el islam y el concepto internacional de derechos humanos —asimilación— o incluso afirman que los Estados musulmanes respetan aún más los derechos humanos —apropiación—. Por su lado, el particularismo9 se centra, por una parte, en las diferencias sociales e históricas del mundo musulmán que justificarían la improcedencia de las críticas sobre su falta de respeto por los derechos humanos, y en segundo, buscaría la confrontación, que radicalizando el particularismo, se propondría sustituir toda ley humana por la ley divina, la shariha. Por último, la tesis de la incompatibilidad presupone un inevitable conflicto con el islam, y es defendida, entre otros, por el islamismo radical.
 
Para Bernard Lewis, la shariha es la única ley aceptada por los musulmanes como de origen divino, y regula todos los aspectos de la vida humana —civiles, comerciales, penales, etc.—10. Podría, entonces, argumentarse que la universalidad de la shariha basta para regular todas las actividades humanas y que ello imposibilita la coexistencia de la misma con cualquier otro cuerpo legal. Así, para Sayyid Qutb, radical egipcio inspirador del terrorismo islamista, el objetivo de la yihad consistía en reconocer como única autoridad a la shariha y eliminar con ello las leyes creadas por el hombre11. Esta tesis termina por rechazar la democracia nacionalista al entender que atenta contra los libros sagrados y Alá —es decir, que se considera un sistema del todo incompatible con la shariha—.
 
La separación entre Estado y religión tiene un fundamento principalmente cristiano, como argumenta Lewis, pero todas las constituciones de los países musulmanes tratan, de una forma u otra, esta cuestión. Si en Irán se ha impuesto la ley islámica desde la revolución de 1979, en el texto iraquí esta cuestión ha quedado resuelta mediante su artículo 2, que indica que: «El islam es la religión oficial del Estado y su principal fuente de legislación»; y que ninguna ley podrá ni contradecir los principios de las disposiciones islámicas, tampoco los principios de la democracia12. La interpretación que se haga del artículo 2 y de los parámetros citados determinará la compatibilidad de Irak con un régimen liberal y democrático.
 
Pero además de regular la relación entre la shariha y las leyes civiles o mercantiles, el texto constitucional debe legitimar las acciones del gobierno y parlamento. Ello dependerá de su capacidad para albergar y dar suficiente seguridad jurídica a los diferentes grupos religiosos iraquíes, máxime teniendo en cuenta que la comunidad islámica se identifica más por términos religiosos que nacionalistas o sociales, y que por ahora el texto no ha conseguido amparar por igual a sunníes, chiíes y kurdos.
 
Poco antes del referéndum del 17 de octubre, el gobierno, en un intento desesperado por conseguir el voto de la comunidad sunní, prometió reformas del texto para incluir sus peticiones. No obstante, los clérigos sunníes, escépticos ante esta débil promesa y con miedo a quedar fuera de la protección constitucional y de la distribución del petróleo, procuraron que los sunníes rechazaran el texto. Al final dos de las provincias de mayoría sunní rechazaron el texto constitucional con mayoría abrumadora (96 y 81%), insuficiente para rechazar la Constitución pero suficiente para mostrar su capacidad de influencia y restar legitimidad a la nueva norma constituyente.
 
Para que la Constitución se convierta en verdadera fuente de legitimación y en los cimientos del futuro Estado de Irak, será necesario que proteja por igual, tanto en derechos como en la distribución de los beneficios de la explotación del petróleo, a los tres grupos citados, incluyendo los partidarios de Saddam que no estén imputados por crímenes contra la humanidad. Sólo entonces podrían ser aplicables las palabras que Tucídides pone en boca de Pericles: «Porque nuestro régimen sirve los intereses de la masa de los ciudadanos y no solamente de una minoría, es por lo que se le da el nombre de democracia».
 
LEGITIMACIÓN DEL ESTADO
 
Como se ha expuesto, el camino hacia la normalidad política empieza, pero no termina, por otorgar al gobierno suficiente legitimidad. De forma simultánea se necesita que el monopolio de la fuerza y de la legalidad recaiga sobre el Estado. Cuando se produce un drástico cambio de régimen (especialmente en caso de intervención armada e insuficiente preparación de la reconstrucción) se quiebra la estructura institucional existente y, en el vacío resultante, los líderes regionales o religiosos se apropian de lo que antes era del Estado. Estos líderes se reparten legitimidad y riquezas, incluido el petróleo, tomándole la delantera a un gobierno transitorio que carece de ejército, policía, Administración centralizada y apoyo ciudadano.
 
En Afganistán el vacío de poder permitió a los líderes locales hacerse con un ejército y mercado propio; en Irak han sido líderes religiosos como Alí al-Sistani y Muqtada al-Sadr los que han heredado la legitimidad del Estado, tanto más cuanto más apoyo ciudadano tenían. Para evitar el último peligro de esta situación —la guerra civil—, se acelera la celebración de elecciones y la redacción de la Constitución. El objetivo, en definitiva, es triple: reconstruir un Estado fuerte sobre la legitimidad de las urnas —incentivado por la moderación de los candidatos políticos—, traspasar a líderes locales el control y la legitimidad, y evitar los problemas que surgen cuando fuerzas extranjeras, de origen principalmente cristiano e irascibles ante las bajas de compañeros, permanecen largo tiempo en la región del mundo con mayor sentimiento antioccidental.
 
La reconstrucción del Estado es fundamental para el desarrollo y pacificación de la nación. Como argumenta Francis Fukuyama en State Building, los países en los que el Estado es débil y el poder está esencialmente descentralizado a favor de organizaciones religiosas, sectarias o partidarias, son los más inestables y proclives a favorecer conflictos internacionales y nacionales. En los años noventa el famoso economista Milton Friedman, en referencia al este de Europa, argumentaba que lo más importante para la transición de un régimen socialista a un régimen democrático era privatizar la economía. Años más tarde Friedman reconocía que podía haberse equivocado: el Estado de derecho es probablemente más básico que la privatización.
 
En la actualidad, Oriente Medio se enfrenta al reto de reunir religión, historia y tradiciones con modernidad y libertad. La alta participación en los refrendos iraquíes, la existencia de alternativas a Mubarak por vez primera en elecciones presidenciales, la voz de la oposición iraní o marroquí, el progreso de Qatar, la presión del Líbano contra Siria y de la oposición siria contra Bashar al-Asad son ejemplos de la tendencia democratizadora del mundo musulmán. La shariha y el respeto a las tradiciones islámicas son compatibles con la democracia, el voto libre y el Estado de derecho; sólo los más extremistas lo negarán. Por eso las dificultades de la democracia musulmana radican tanto o más en el autoritarismo, la debilidad del Estado o la falta de expectativas de la juventud, que en la religión y el Corán. Los países de Oriente Medio pueden aunar islam, libertad y progreso: la democracia musulmana puede ser su solución.