L a monarquía parlamentaria que consagra nuestra Constitución de 1978 no fue fruto de la casualidad ni se hizo con criterio improvisado. En su elaboración, intervinieron distintos factores que ayudaron a prepararla; y sin duda, algunas personas que colaboraron directamente y sobre todo, discretamente, con quien ha sido considerado el verdadero motor del cambio: don Juan Carlos I de Borbón.

El señor presidente (Fontán) abandona su puesto en la presidencia del Senado (que es ocupada inmediatamente por el señor vicepresidente de la misma, Guerra Zunzunegui), y se encamina a la tribuna de oradores. Es la primera vez que lo hace desde que ocupa su cargo, y reconoce que incurre «probablemente en infracción del Reglamento».

Pero sabe también que la nación está viviendo un momento excepcional y no quiere quedarse al margen. Diez semanas han durado los trabajos del Senado en el estudio del proyecto de Constitución, remitido por la Cámara de los Diputados procediendo de acuerdo con la Ley de Reforma Política y el Reglamento aprobado para el Senado. Fruto de esas jornadas de intenso trabajo, éste remitirá al Parlamento un centenar de «modificaciones» al proyecto original. Fontán resume las aportaciones procedimentales de esas propuestas, que en su conjunto se han orientado a «generalizar» los principios de los derechos humanos y de las libertades publicas recogidas en la Ley Fundamental por aprobar, así como a «agilizar los procedimientos políticos» contenidos en ella y a su «armonización».

Pero el presidente no quiere acabar su intervención con estas observaciones técnicas sobre el trabajo realizado por la Cámara, y añade las consideraciones que siguen:«Esta va a ser, señoras y señores Senadores, la séptima Constitución que tendrá vigencia en nuestro pueblo. Hubo una primera, la Constitución original de Cádiz, del año 1812, sobre la que se puede discutir mucho los apellidos que le corresponden. Luego hubo la Constitución progresista, de 1837; la llamada «moderada», de 1845; la Constitución democrática, de 1869; la Constitución liberal, de 1876; la Constitución republicana, del año 1931, y esta nueva Constitución del año 1978 nos aparece ya, en el plano de la historia política española, con un apellido; un apellido compuesto que en vez de ser un adjetivo es una preposición y un nombre: la Constitución del consenso.

»Realmente sería difícil que, por muchos esfuerzos que nosotros mismos hiciéramos, lográramos quitar a la Constitución de 1978 este apellido, que es, probablemente, la honra. »Constitución del consenso quiere decir Constitución de la concordia, quiere decir Constitución también de la esperanza. »Hay un texto, desconocido probablemente para muchos señores Senadores, que a otros, por razones profesionales, nos resulta familiar. Es de un viejo poeta romano que vivió hace más de veintidós siglos, que dice que la concordia es un don que ofrecen a los hombres los dioses. »Y hay otro de estos autores latinos, que a mí me son particularmente familiares y a los que suelo acudir como fuente de sabiduría, que dice que el consenso generalizado es la voz de la naturaleza¹.

»Si hemos acertado, si Vuestras Señorías, señoras y señores Senadores, y sus compañeros los Diputados del Congreso, y los miembros de la Comisión Mixta, en todas estas instancias que ha recorrido y que todavía le queda por recorrer a la Constitución española, si Vuestras Señorías, si todos, repito, hemos acertado y acertamos en un consenso generalizado, quizá la nuestra, la voz de esta Constitución, sea la voz de la naturaleza, quiero decir la voz de toda España. Muchas gracias²». ANTONIO FONTÁN

 
Dentro del conjunto de Leyes Fundamentales que sirvieron de soporte al régimen franquista, debe señalarse la Ley de Sucesión, que iniciaba una fórmula de monarquía vinculada a la victoria de la guerra civil y que pretendía claramente desarraigar un pasado histórico de monarquía liberal, al que no solamente se ignoraba, sino que se consideraba como una parte sombría de nuestra historia.
Esta monarquía de las Leyes Fundamentales —esta monarquía franquista— permaneció durante largos años como la expectativa que sustituiría al régimen, una vez desaparecido su titular como caudillo victorioso de la guerra.
 
En su afán vinculante, el general Franco había pretendido dejar establecido que el futuro rey sólo dependiera del grado de lealtad al régimen nacido de la victoria y de su aceptación del espíritu que se había establecido con los llamados principios del movimiento nacional.
 
Años mas tarde fue designado como Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, a título de sucesor del caudillo y en tales condiciones tuvo que aceptar toda la parafernalia y las estructuras del régimen autoritario franquista.
 
Don Juan Carlos de Borbón no dejaría de tener una cierta preocupación por la fórmula que se empleara para salir de aquella encrucijada sin romper el formalismo legal establecido, pero cambiando radicalmente el contenido del esquema político.
 
En este aspecto, no cabe duda que el profesor Torcuato Fernández Miranda proporcionó un cauce legal para la transición, sugiriendo las líneas de la ley para la reforma política, que con el acuerdo y el impulso del propio monarca pudo llevar adelante el presidente Adolfo Suárez.
 
Quedaba, sin embargo, un aspecto delicado para cualquier monarquía que respetara adecuadamente las tradiciones de la propia institución.
 
El rey don Juan Carlos I de Borbón no era evidentemente un personaje surgido de la imaginación del general Franco, sino que estaba vinculado con la dinastía histórica que había reinado en nuestro país durante los último siglos.
 
¿Cómo restaurar, por tanto, esa dinastía histórica sin que se rompiera el nexo hereditario que comporta toda sucesión monárquica? Porque nadie podía ignorar que diversas circunstancias habían colocado como heredero de don Alfonso XIII, último rey de la dinastía que hubo de abandonar el país al proclamarse la República de 1931, a don Juan de Borbón, padre de don Juan Carlos.
 
Las complejas relaciones entre el general Franco y don Juan de Borbón, conde de Barcelona, había colocado el tema sucesorio en un punto de difícil solución. El general Franco no admitía como sucesor a don Juan de Borbón, por considerar que no representaba en absoluto el espíritu del llamado movimiento nacional, nacido el 18 de julio de 1936.
 
Don Juan de Borbón había hecho público el 19 de marzo de 1945 un manifiesto en el que se reflejaban sus ideas de reconciliación nacional y de restablecimiento de las libertades públicas dentro de una monarquía parlamentaria. Algo inadmisible para quien se había convencido de que sólo a través de un régimen autoritario se podría garantizar en España la paz.
 
Este desencuentro entre don Juan de Borbón y el general Franco pasó por altibajos, pero al final el caudillo consideró como fórmula idónea la de ignorar las leyes dinásticas tradicionales en España y elegir directamente a don Juan Carlos de Borbón como sucesor del régimen franquista.
 
Las relaciones entre padre e hijo evidentemente sufrieron un cierto deterioro cuando don Juan Carlos decidió aceptar la fórmula ideada por Franco y sus consejeros.
 
Felizmente este desencuentro no llegó a afectar las relaciones personales, pero sin duda existía un vacío que no se podía ignorar. Para que don Juan Carlos recibiera legitimidad dinástica habría de producirse la abdicación de don Juan de Borbón en la persona de su hijo don Juan Carlos.
 
Y así como antes señalábamos a personajes como Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, entre otros protagonistas importantes en el proceso de reforma política que sucedió al régimen de las Leyes Fundamentales hasta concluir con la Constitución de 1978, no sería justo ignorar a quienes con su discreción, su consejo, su verdadera misión de mensajeros de tan delicada cuestión, hicieron posible que el 14 de mayo de 1977, en un acto sencillo, pero decisivo para la historia de España, se produjera en el palacio de la Zarzuela la transmisión de todos los derechos dinásticos de la Corona entre padre e hijo.
 
La persona que jugó un papel decisivo fue sin duda Antonio Fontán. Antonio Fontán, profesor universitario, hombre de amplia cultura y experto en «latinidades», fue consejero de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, y estuvo a su servicio durante varios años, en los cuales siempre destacó por su prudencia y su lealtad.
 
Al mismo tiempo, no sólo tuvo con el príncipe don Juan Carlos las relaciones de profesor-alumno, sino que supo siempre mantener el tono adecuado para compaginar ambas lealtades.
 
Por ello, no es de extraño que cuando don Juan de Borbón, entre fines de 1976 y comienzos de 1977, quisiera enviar el mensaje decisivo a su hijo y heredero de que estaba dispuesto y a punto para la abdicación de sus derechos, eligiera a Antonio Fontán que había dado pruebas sobradas de su discreción y acertado consejo.
 
Con Antonio Fontán tuve el honor de compartir la etapa constituyente, siendo ambos presidentes de las Cámaras que debían aprobar la Constitución.
 
Durante esa etapa, Antonio Fontán, desde la presidencia del Senado, prestó un gran servicio al proceso de la transición política española, pues fue precisamente en el Senado y a través de la enmienda presentada por el senador Satrústegui, como se introdujo el artículo 57 que proclama que «la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica», consagrando así la legitimidad que había sido anticipada con la renuncia de don Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977.
En aquella etapa constituyente, Antonio Fontán estuvo presente en los momentos decisivos para apoyar el nuevo modelo constitucional, y sus intervenciones en la comisión mixta del Congreso-Senado fueron siempre positivas.
Es curioso observar que la labor de coordinación efectuada por la comisión mixta constitucional no haya sido resaltada debidamente en nuestra reciente historia constitucional. Pero sin duda, en aquellas sesiones, que a veces fueron tediosas, por la reiteración de las posiciones que los distintos grupos políticos expresaban, hizo posible llegar a la solución definitiva del texto que finalmente fuera proclamado y sometido a referéndum.
 
Antonio Fontán estuvo también presente en actividades parlamentarias que iniciaban un nuevo camino en nuestra relación con Europa, y así en octubre de 1977 formó parte de la delegación que compareció ante la Asamblea Parlamentaria de Europa para solicitar nuestro ingreso en el Consejo, previa suscripción de la Convención Europea de los Derechos del Hombre.
 
Este homenaje que se rinde a Antonio Fontán tiene el valor del reconocimiento a toda una trayectoria pública pero sobre todo, es la merecida gratitud que todos debemos a un político que ha sabido ser consejero fiel, mensajero discreto y hombre público coherente con las ideas que profesa.
 
Gracias, Antonio. Felicidades.